
El pasado 21 de marzo marcó un punto de inflexión para miles de inquilinos. Ese día entró en vigor el real decreto que permite, durante al menos un mes, solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años en los contratos de alquiler de vivienda que venzan entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2027. La medida, incluida en el paquete del Gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán, activó una carrera contra reloj entre arrendatarios que buscan blindar sus contratos. El texto, que también fija un tope del 2% a la actualización anual de las rentas, ha revuelto el mercado y ha disparado el interés por acogerse a la norma mientras siga vigente. Pese a que no hay cifras del impacto que ha tenido hasta ahora la entrada en vigor del decreto, los promotores de esta iniciativa de concienciación al inquilino (Sumar y organizaciones que defienden el derecho a la vivienda) hablan de miles de casos notificados a los caseros, sin precisar más.
Pese a la falta de un registro oficial con el número de solicitudes para prorrogar las condiciones del arrendamiento, como establece el reciente decreto de vivienda, las organizaciones de inquilinos hablan de miles de casos 
El pasado 21 de marzo marcó un punto de inflexión para miles de inquilinos. Ese día entró en vigor el real decreto que permite, durante al menos un mes, solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años en los contratos de alquiler de vivienda que venzan entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2027. La medida, incluida en el paquete del Gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán, activó una carrera contra reloj entre arrendatarios que buscan blindar sus contratos. El texto, que también fija un tope del 2% a la actualización anual de las rentas, ha revuelto el mercado y ha disparado el interés por acogerse a la norma mientras siga vigente. Pese a que no hay cifras del impacto que ha tenido hasta ahora la entrada en vigor del decreto, los promotores de esta iniciativa de concienciación al inquilino (Sumar y organizaciones que defienden el derecho a la vivienda) hablan de miles de casos notificados a los caseros, sin precisar más.
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